“La pensión familiar es un fiasco y una burla”.

Los resultados de la pensión familiar han sido un fiasco y una burla. La Ley 1580 del 2012 se logró después de un recorrido legislativo de 11 años y su finalidad era posibilitar la pensión a los más pobres (Sisbén 1 y 2), que por razones de la informalidad y de desempleo no cumplieron las semanas de cotización para la pensión de vejez. El propósito de esta norma es que se sumen las semanas de esposos o compañeros y obtener una pensión de un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) para ambos. Las estadísticas muestran que, probablemente, podrían beneficiarse de esta pensión 400.000 personas, es decir, 200.000 familias. Hoy, solo han sido aprobadas 175 pensiones familiares, es decir, menos de una milésima de la propuesta, es un desatino una ley que beneficia a tan pocas personas.

Es urgente eliminar el artículo 21 de la citada ley para que la pensión familiar sea un mecanismo eficaz y aumentar la cobertura pensional. Dicho artículo es un “palo en la rueda” para el propósito de la norma, porque exige que la pareja beneficiaria individualmente haya cotizado el 25 %, equivalente a 325 semanas antes de los 45 años, y la realidad, especialmente en las mujeres, es que no las tengan, debido a la informalidad y exclusión laboral.

El abogado propone una pensión asistencial que iría dirigida a los adultos mayores de 70 años de Sisbén 1 y 2, que no tengan ningún ingreso o patrimonio alguno, para que se les dé una pensión, previa modificación constitucional, que pueda ser inferior a un SMLMV, acorde con las semanas que hubieran cotizado e inclusive para las personas que nunca hubieren cotizado, en un rango entre el 30 % y el 80 % de un SMLMV.

También, para el abogado, las personas beneficiarias de la pensión asistencial no podrían recibir otro subsidio del Estado y, para su financiación, pueden concurrir la Nación y las entidades territoriales con los excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) y de regalías. Y, además, se podría iniciar paulatinamente focalizado a las personas que están en la pobreza extrema, sector rural y discapacitados.

“Hoy, el Estado entrega un subsidio de, aproximadamente, 60.000 pesos mensuales a más de un millón de ancianos, pero es casi como tirarles una limosna, toda vez que la pobreza extrema monetaria está en 114.692 pesos mensuales por persona”.

En cuanto a la pensión de sobrevivientes, el abogado considera que debe haber más rigor para evitar que esto se llene de viudas y viudos jóvenes viviendo de las debilidades probatorias del sistema pensional y obligar a trabajar a los cónyuges o compañeros sobrevivientes menores de 40 años, a menos que sean inválidos, limitar esta pensión por un término temporal de 10 años y, además, que coticen para su pensión de vejez.

Con la esperanza de vida en crecimiento y los enormes subsidios que el Estado les trasfiere a las pensiones con mesadas altas, es indispensable, para la sostenibilidad del sistema, el aumento de edad y las semanas en forma paulatina, tanto para hombres y mujeres, así como ponerles un tope a las pensiones de prima media en 10 SMLMV.

Este año, el Estado destinará 38 billones de pesos, que equivalen al 17 % de la población, para el pago de los dos millones de pensionados del régimen de prima media (RPM). Este altísimo costo, que priva a otros sectores de la población, seguirá en aumento, pero, en los próximos 15 años, no hay sobresaltos de la denominada hecatombe pensional, por algo lógico. El actual sistema está diseñado de tal manera que su sostenibilidad financiera no está amenazada, tristemente debido a la exclusión de millares de personas que no se van a pensionar. Es un gasto público focalizado a un alto costo.

En cuanto al régimen de ahorro individual, que, de alguna manera, hoy tiene 70 millones de dólares de los colombianos y ha sido un dinamizador de la economía y ampliando la cobertura, hay que esperar la primera gran oleada de los millones de colombianos que se pensionaran con ellos y que, de pronto, no dé una sorpresa la garantía de pensión mínima que sería un grave desequilibrio para hacer finanzas públicas.

Para desactivar la bomba pensional en Colombia, afirma el nombrado abogado, es indispensable castigar como infracción policiva con toda severidad la omisión en la afiliación, la evasión y elusión de los aportes; además de Gravar las pensiones altas y destinar esto al fondo de solidaridad pensional,así como limitar las pensiones a 10 SMLMV.

Editado de la columna de opinión del abogado Oscar Iván Palacio Tamayo, presidente de la Fundación Defensa Ciudadana.