Desde la Ley 50 de 1990 hasta el Acto Legislativo 01 de 2005, no sólo la noche se volvió día en materia laboral. Estrategias perversas del Gobierno Nacional.

Hubo una época, que por supuesto no me tocó a mí, en que aspirar a tener un empleo que nos acompañara el resto de la vida no era un sueño inalcanzable sino materialmente posible y realizable.

Quien llegaba a un puesto podía empezar desde ese momento a construir su futuro, podía casarse y tener hijos, comprar una casa con un préstamo de vivienda y pagarlo con el producto de sus cesantías. La estabilidad estaba garantizada y la única condición que se requería para conservar el empleo era trabajar con responsabilidad, ser honesto y respetuoso de las normas de la empresa.

Por otra parte, existía la retroactividad de las cesantías y por tanto éstas se liquidaban con el último salario del trabajador, lo cual les permitía albergar la esperanza real de adquirir una casa; las empresas ofrecían a sus empleadas el servicio de sala cunas; los costos de los servicios médicos y odontológicos los asumían los empleadores, así los trabajadores no cotizaban ni contribuían al pago de los mismos; las pensiones las pagaban las empresas y las personas se pensionaban con menos edad y menos tiempo de servicios; muchas empresas construían y mantenían casinos para sus trabajadores; en el campo a los trabajadores se les suministraba la alimentación; los contratos de trabajo no podían tener una duración inferior a un año, etc., o sea que disfrutaban de estabilidad laboral.

Fue a partir de la expedición de la ley 50 de 1990 que todo empezó a cambiar. Desapareció la retroactividad de las cesantías, a los empleadores se les quitó el manejo de éstas y se le entregó a los grupos financieros, lo cual fortaleció a éstos y descapitalizó a las empresas pequeñas. La duración del contrato de trabajo se dejó sin límite inferior, o sea que se le abrió paso a los contratos de uno o dos meses, y de esa manera se le dio entierro de quinta a la estabilidad laboral.

Seguidamente vino la ley 100 de 1993 que eliminó la pensión de vejez con 500 semanas, le quitó al ISS y a Cajanal el manejo de la salud y las pensiones y autorizó la creación de las EPS y los fondos privados de pensiones, de esa manera se le quitó a la salud el carácter se servicio y se le asignó el de negocio, en manos del ISS las utilidades se reinvertían en tecnología y servicios, ahora son para repartirlas entre los dueños de las EPS. Los pensionados que antes pagaban un poco menos del 4% por concepto de aportes para salud, pasaron a pagar el 12% y los de pensiones ligeramente altas o realmente altas unos puntos más Se estableció el pago de los copagos y de las cuotas moderadoras, etc. Alcanzar la pensión en el RAIS (fondos privados) pasó a ser prácticamente imposible para los trabajadores de ingresos bajos. A la pensión sanción se le “cortaron las uñas”, pues se la dejó únicamente para los casos en que el trabajador despedido injustamente no ha sido afiliado al Sistema General de Pensiones. Los médicos y los demás profesionales de la salud pasaron a devengar honorarios vergonzosos.

Con las leyes 789 de 2002, 797 de 2003 y 860 de 2003 el régimen de la época aplicó a fondo el acelerador y el despojo se hizo aún más evidente: el cierre de la jornada diurna de trabajo se corrió de las 6:00 de la tarde a las 10:00 de la noche, o sea que en pleno trópico se alargó el día y se acortó la noche. De ese modo los empresarios se libraron de pagar diariamente 4 horas de recargo nocturno. El valor del recargo por trabajo dominical y festivo se redujo del 100% al 75%; las horas extras laboradas entre las 6:00 de la tarde y las 10:00 de la noche dejaron de ser horas extras nocturnas y pasaron a ser horas extras diurnas.

Y más aún, con el fin de que los empleadores pudieran despedir fácilmente a los trabajadores se redujo considerablemente el valor de la indemnización por despido sin justa causa. Y lo propio ocurrió con la indemnización moratoria, pues prácticamente dejó de liquidarse a razón de un día de salario por cada día de retardo en el pago del salario y las prestaciones sociales, y se estableció el pago de intereses moratorios. Se aumentó la edad y el valor de los aportes para pensión y se redujo el valor de la pensión. Se hicieron más exigentes los requisitos a cumplir para el reconocimiento de la pensión de invalidez.

Pero aún faltaba más; la tarea seguía. Como la “trasquilada” que se le había hecho a las pensiones no colmaba los propósitos reformistas del gobierno, éste redobló sus esfuerzos y atacó esta vez de manera más ambiciosa. La meta era acabar anticipadamente con el régimen de transición, sepultar los regímenes especiales (o sea nivelar por lo bajo), sustraer el tema pensional de la negociación colectiva, etc. Y como la Corte Constitucional se le atravesaba en sus propósitos, el gobierno fue más allá y optó entonces por reformar la Constitución Nacional. Como la Corte no tiene competencia para ejercer control constitucional sobre los actos legislativos en cuanto a vicios de fondo, el camino quedaba despejado para el desmonte de esas garantías. Y así fue.

De esa manera surgió a la vida jurídica el acto legislativo 01 de 2005. A centenares de miles de trabajadores que habían quedado amparados por el régimen de transición se les privó de esa opción; se desconocieron derechos adquiridos; se burlaron las expectativas legítimas; se suprimió la mesada 14 para los futuros pensionados; se prohibió que en las convenciones colectivas se incluyeran puntos sobre pensiones; y los regímenes especiales fueron desmontados salvo el del presidente de la República que quedó en firme.

Difícil no recordar el caso del hijueputa doctor Carlos Lemos Simmonds, quien estuvo una semana como presidente y quedó pensionado para el resto de su vida y la de su cónyuge, quien todavía la devenga.

He aquí la historia de lo que ha significado para los trabajadores colombianos la llamada “flexibilización laboral”, que como se ha visto no es otra cosa que el desmonte de los beneficios laborales que durante décadas de lucha lograron conquistar los trabajadores.

El resultado salta a la vista. La situación de la mayoría de los trabajadores colombianos es deprimente. El contrato de trabajo se vino abajo, perdió su dignidad, su estatus. Surgió el reinado de las cooperativas de trabajo asociado, del contrato de prestación de servicios, del trabajo temporal, del Outsourcing o tercerización, de los contratos con duración de dos o tres meses, de los contratos de medio tiempo con jornadas efectivas de 5 o 6 horas diarias, salarios vergonzosos, horarios ilegales, contratos sin prestaciones sociales económicas y sin seguridad social, en fin, el decaimiento sistemático del contrato de trabajo digno y el avance del contrato de trabajo basura, óigase bien, BASURA!